COVID-19
El licenciado Agustín Kozak Grassini, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, se refirió al dilema “economía–salud” que deja traslucir la emergencia por Coronavirus, y consideró que la eficacia de las políticas del Gobierno Nacional para apuntalar a la demanda contrasta con aquella dirigida a sostener a la oferta productiva. Dijo que la situación expone además la falta de actitud de los bancos para prestar al sector productivo.
El licenciado Kozak Grassini es docente de Economía Política de la FCE-UNNE e investigador en temas de política, economía y gobierno.
En diálogo con el Departamento de Comunicación del Rectorado de la UNNE, expuso su visión respecto a cómo el país atraviesa la actual emergencia por Coronavirus y en particular el impacto en el aspecto económico.
Se refirió a la complejidad del dilema economía-salud, “pues se está frente a un problema económico que tiene la particularidad de un mundo con personas que no interactúan”, lo cual afecta la existencia del mercado”.
Sostuvo que tanto Argentina como la región NEA de manera previa a la emergencia por Coronavirus ya atravesaban problemáticas estructurales en materia económica, así como otras situaciones coyunturales, que representan una variable que incide en la capacidad de respuesta ante la crisis por la pandemia.
¿Cómo están enfrentando los gobiernos los aspectos sanitarios y económicos del coronavirus?
El presidente Alberto Fernández hace unos días dijo que no existe un dilema entre economía y salud. Una verdad profunda, que en la superficie muestra algunas desavenencias. Todo depende del horizonte temporal con el que se discuta esa afirmación. Vamos por partes.
Lo primero a decir es que aquellos países cuyos líderes han subestimado al virus o privilegiaron la economía por sobre la salud, están sufriendo de una crisis sanitaria y tampoco han conseguido evitar la recesión. Sin el pan y sin la torta.
El FMI publicó recientemente su revisión a la tradicional Perspectivas de la Economía Mundial. Allí reveló que la economía mundial se contraerá el 3% en 2020. Curiosamente el desplome de la actividad económica será mayor en los países que más a la ligera se han tomado el tema. Según el Fondo EEUU registrará una caída de 5,9% del PBI, España del 8%, Italia del 9,1%, Brasil y México el 5,3% y el 6,6% respectivamente.
Argentina, con una declaración prematura de una cuarentena mucho más dura, se contraerá en línea con los países de la región de acuerdo con el organismo: 5,7%.
No obstante, el FMI ya había proyectado una recesión para nuestro país, mientras que para el resto de los países mencionados el pronóstico era mucho más optimista.
Sorprende que la corrección de la proyección de crecimiento (siempre a la baja), sea indefectiblemente menor en países que adoptaron posturas más férreas. Se podría hipotetizar, entonces, que quienes siguieron estrategias más blandas desde lo sanitario caerán más. Ergo, no existe tensión entre economía y salud. Al final de cuentas, la economía es una actividad humana y por tanto requiere que las personas estén saludables.
Sin embargo los derrumbes generalizados están marcando que algo de verdad hay en aquel dilema, y es cierto.
¿Y cómo se enfrenta ese dilema entre economía y salud?
El problema es que el contrapunto entre economía y salud está mal planteado. Lo que produce esa tensión es la forma de mitigación más efectiva (y barata) hasta ahora conocida: el aislamiento social. En efecto, lo inédito de esta pandemia es que su propagación depende de la interacción humana, lo mismo que la economía.
Si los individuos no interactúan, no hay virus, tampoco mercados. Hasta tanto no se descubra una vacuna que permita inmunizar a una masa crítica de las personas, persistirá el dilema
¿En ese aspecto cómo está respondiendo Argentina?
Y al margen del acierto inicial por parte de las autoridades nacionales, a la luz del colapso provocado por el covid-19 en sistemas sanitarios mucho más robustos que el argentino, esa tensión empezará a exhibir su costado más crudo: los límites de priorizar la salud.
Conforme pasan las semanas en cuarentena es cada vez más indisimulable el trade off entre la vida material individual de los ciudadanos (la economía de corto) y el bienestar sanitario colectivo.
Si la cuarentena es el camino, esta debería ser lo más corta posible. La velocidad con la que se avanza en organizar una salida será clave por dos motivos.
El primero es el alto costo fiscal (tanto por el lado de la expansión del gasto como por el lado de la caída de la recaudación) que supone garantizar condiciones materiales de vida de los habitantes y para asegurar un alto nivel de acatamiento.
Esa es una dificultad exacerbada en Argentina, que presenta dos debilidades estructurales en este sentido: un balance público crónicamente deficitario y una moneda nacional debilitada. En otras palabras el sostenimiento en el tiempo de la cuarentena tendrá costos macroeconómicos exponenciales.
El segundo motivo son las consecuencias para el aparato productivo nacional.
El parate económico que supone un alto grado de acatamiento obliga a las empresas del sector privado a afrontar los costos fijos (sueldos, alquileres, impuestos) con un flujo de ingresos tendiente a cero, en un contexto en el cual la gran mayoría de las MiPyMEs necesita de su giro comercial para captar los recursos que le permitan afrontar sus compromisos.
De acuerdo con relevamientos reciente las PyMEs no podrían sobrevivir más de 3 semanas sin facturar, mientras las más grandes podrían aguantar hasta 14 semanas. Más aún, el 30% declaró que no podrá afrontar sus gastos ni siquiera con ayuda del gobierno, y el 6% de las consultadas está pensando en cerrar definitivamente (Fundación Observatorio PyME).
Desde el punto de vista de la política económica, limitar los daños sobre la estructura productiva es central para asegurarnos una salida más rápida y menos dolorosa de esta crisis.
¿Y qué tipos de medidas se están considerando más apropiadas ante el panorama descripto?
De hecho se está construyendo cierto consenso entre los líderes del mundo de cómo abordar los desafíos inéditos provocados por esta coyuntura:
garantizar un ingreso universal para todos los ciudadanos: en términos groseros,
asegurarle a la gente la manutención por quedarse en sus casas. Así como los costos se distribuirán desigualmente entre países, hacia el interior de sus fronteras ocurrirá lo mismo: los trabajadores informales y poco calificados de sectores no esenciales quedarán más expuestos a perder su sustento, que quienes puedan continuar con sus actividades;
políticas de oferta: evitar que el aparato productivo pague excesivamente las consecuencias de la pandemia, no solo permitirá acotar daños, también habilitará una recuperación más rápida; heterodoxia monetaria: los Bancos Centrales deben hacer todo lo necesario para financiar a) y b), comportándose como prestamistas de última instancia o alineando la conducta de los bancos comerciales hacia las prioridades de la economía real (el apuntalamiento de familias y empresas).
¿Cómo observa la aplicación de esas medidas de consenso en Argentina y el NEA?
Respecto de “a)” la idea es insuflar la demanda para evitar que el consumo se derrumbe deteniendo el flujo circular de la economía. Apuntan en esta dirección el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 para monotributistas de categoría más baja, cuentapropistas y trabajadores informales; el pago extra de $3.100 a beneficiarios de AUH y de AUE; el bono de $3.000 para jubilados que perciban la mínima y para los beneficiarios de planes sociales; el fortalecimiento del seguro de desempleo; el refuerzo a comedores; el establecimiento de precios máximos; la confirmación del “ahora 12”, entre otras.
Se trata de una batería de medidas que inyectarán aproximadamente en Chaco y Corrientes más de $7,8 mil millones, monto equivalente al 80% de un mes promedio de coparticipación federal del 2019.
Ese dinero se repartirá entre los casi 120.000 jubilados de ANSES que perciben la mínima en ambas provincias; los 190.000 beneficiarios de pensiones no contributivas; los 400.000 beneficiarios de asignaciones universales; los 3.500 beneficiarios de seguro de desempleo; y los 600.000 beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Es decir, más de 1,2 millones de personas estarán alcanzadas, es decir más del 50% de la población de la región.
El gobierno parece haberse planteado asistir de forma directa a la demanda (las familias), mientras que confió centralmente en mecanismos indirectos, a través de los bancos, el auxilio a la oferta (las empresas). Aunque, como veremos, con niveles de eficacia muy diferentes.
Una somera descripción de la oferta en Chaco y Corrientes da cuenta de un universo de 20.000 firmas del sector privado, generadoras de 150.000 puestos de trabajo formales, 55% de los cuales están enrolados en MiPyMEs, siendo estas más del 90% de las firmas que funcionan en ambas provincias. Vale recordar que estamos hablando de un sector muy castigado durante los dos últimos años, que registraron la destrucción de cerca de 11.000 puestos de trabajo desde el último cuatrimestre de 2017.
En términos de las lecciones, en Argentina se proyectó atacar b) con c). El gobierno hizo anuncios muy ambiciosos para auxiliar a las empresas. Apenas comenzó la crisis del coronavirus se anunció una línea de créditos de $350.000 millones a través de la capilaridad de los bancos comerciales.
Las autoridades confiaron en que gran parte de los $360.000 millones que el BCRA había inyectado en ellos debido al desarme de Leliqs, irían a financiar a las empresas en problemas al 24% anual.
Desde entonces, los bancos se rehusaron sistemáticamente a fondear a un sector al que considera inviable, intransigencia que terminará por condenar a las empresas. La tensión entre bancos y gobierno fue en aumento en el ínterin. Ambos cedieron, el gobierno tuvo que garantizar los créditos. Los bancos tuvieron que acelerar el otorgamiento de financiamiento, pero lo están haciendo muy a cuenta gotas (hasta hoy menos del 20% del objetivo oficial), y privilegiando a aquellas empresas con mejores registros crediticios (que usualmente tienen mayor espalda). Pero el tiempo pasó y la ayuda amenaza con llegar tarde.
CONCLUSIÓN
Como conclusión, para el Lic. Agustín Kozak, en cuarentena sanitaria y con la economía con respirador, “la eficacia de las políticas de gobierno para apuntalar a la demanda contrasta con aquella dirigida a sostener a la oferta”.
Consideró que se estructuró una matriz de incentivos para que los bancos cuenten con liquidez (que les reporta 0% de retornos) y puedan colocarlo a las empresas de la economía real a un interés considerable.
“A pesar del negocio, los bancos no tienen la gimnasia de prestar al sector productivo, algo que debe revertirse inmediatamente, más considerando que se trata de un sector ampliamente privilegiado en las últimas décadas”.
Agregó que llama la atención la actitud demasiado complaciente del BCRA con los bancos. “Esta conducta lo está previniendo de cumplir con su misión de ser la autoridad monetaria y financiera del país, y como tal debería procurar un reparto más equitativo de los costos de esta crisis entre todos los sectores económicos. La falta de definiciones y contundencia del BCRA está trasladando los costos a los sectores más desprotegidos de la sociedad».
